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Extracto:
Contestación de la ex Junta de Hacienda sobre lo relativo a los 600 pesos que se le deben a los fondos del convento hospital de San Juan de Dios de esta ciudad desde 1830. La Junta dice que: para que con la vista de su informe acuerde la corporación lo que tenga bien respecto a la inversión que se hizo de dicha cantidad por las partidas que minuciosamente ponía de manifiesto, hasta la cantidad de 557 pesos cinco reales que se tomaron de los 600. El síndico segundo dijo que: el dictamen de la comisión estaba bastante bien fundado, pero que opinaba que no diera por ahora cuenta al prefecto con la cuenta de gastos ni el dictamen con que se desaprobaban, porque está entendido que el hospital y sus rentas deben volver al ayuntamiento por una ley sancionada, pues que, pasando al gobierno, acaso se desentenderá de la justicia con que se desaprueban los gastos y obligaría al ayuntamiento a que pagase de preferencia este injusto crédito en que es inmediato responsable el tesorero don Francisco del Pozo que lo franqueó sin la precisa obligación, desviándose de los reglamentos que se lo prohibían, y que este, ahora que ha sido nombrado administrador de aquel establecimiento, ha hecho que se reclame, resentido de que se hubiese contenido una redención de capital de 500 pesos que serían para su provecho. El síndico González dijo que: los temores que manifiesta el síndico están bien fundados, como la observación contra el tesorero. El síndico sigue diciendo que: a pesar de que el ayuntamiento se defendería cuando el gobierno quisiera estrecharlo a que se pagase de los fondos públicos, para evitar este trámite, está también porque se suspenda su curso, pues que si el señor prefecto lo reclamare se le remitirá testimonio de lo practicado. El presidente: que estaría por que se decida por las vías legales y se diera cuenta al prefecto. El señor Suárez dijo que: a pesar de la integridad con que ha procedido la Junta de Hacienda, está por que se pase a los síndicos para que robustezcan más los fundamentos en que se apoya y no se crea que el fondo público es deudor de los seiscientos pesos que se le demandan, sino el tesorero que podrá repetir contra los bienes de don Ignacio Torrescano, y los demás funcionarios de aquel tiempo que abusaron de ocurrir al permiso.
Se aprobó.
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